El Pleno del Congreso del Estado turnará a comisiones el próximo martes 11 de febrero una iniciativa presentada por el abogado José Mario de la Garza Marroquín, a través de la cual se pretende endurecer en San Luis Potosí las sanciones por ataques con ácido.
En su exposición de motivos, detalló que los ataques con ácido y otros que buscan infamar a las mujeres en su intimidad, integridad e identidad, son actos que trascienden la violencia física, ya que generan daños psicológicos, emocionales y sociales irreparables.
Añadió que para las víctimas, estas agresiones significan una pérdida permanente de su integridad física y, en muchos casos, de su capacidad para llevar una vida digna y plena. “Es por ello que esta iniciativa busca no solo sancionar de manera más efectiva a los responsables, sino también visibilizar la necesidad de que la justicia incorpore un enfoque de género que contemple las particularidades de estos casos”.
Recordó que en San Luis Potosí, el Código Penal estatal ya contempla desde 2020 los ataques con ácido como una agravante del delito de lesiones cometidas contra mujeres en razón de su género. “Sin embargo, esa tipificación, aunque fue un avance significativo en su momento, requiere ser revisada y enriquecida para incorporar los elementos más avanzados que otras entidades han adoptado”.
Subrayó que actualmente, la legislación potosina establece penas que van de 8 a 20 años de prisión para este delito, con un aumento de hasta dos tercios en los casos donde se utilicen sustancias corrosivas o cuando exista una relación de subordinación, confianza o parentesco entre el agresor y la víctima. “Si bien este esquema permite sanciones más severas que las previstas en otras entidades, su diseño puede dificultar la acreditación de ciertas agravantes, lo que limita su eficacia en algunos casos”.
Mediante su iniciativa, entregada el pasado 4 de febrero al Congreso del Estado y publicada ayer viernes en la Gaceta Parlamentaria, De la Garza busca tipificar como delito autónomo los ataques con ácido, químicos y sustancias corrosivas en razón de género, así como establecer penas severas, que pueden llegar hasta 35 años de prisión en casos agravados, además de garantizar la reparación integral del daño para las víctimas y obligar a hospitales y médicos a reportar estos casos al Ministerio Público.
Asimismo, pretende que se reconozcan estos ataques como tentativa de feminicidio cuando haya daño permanente.