El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol solicitó el retiro de las cuatro iniciativas a través de las cuales planteaba planes de financiamiento que permitían entre otras cosas, endeudar al estado hasta por siete mil millones de pesos por los próximos 20 años.
El paquete de iniciativas iba enfocado a la aprobación de un endeudamiento por más de 13 mil millones de pesos al Gobierno del Estado y a los 59 ayuntamientos.
Sin embargo, de acuerdo con un oficio que el diputado entregó a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, tomó la decisión de retirar las iniciativas “a efecto de realizar un replanteamiento técnico y financiero integral de su contenido”.
Argumentó que el propósito de su decisión era fortalecer el análisis y la revisión de los alcances de las propuestas, “atendiendo a las observaciones y criterios emitidos por diversas instancias competentes, incluyendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de garantizar plena congruencia con los techos financieros y principios de disciplina hacendaria vigentes”.
El anuncio ocurrió después de que Morena, el partido al que pertenece Arreola, a través de su presidenta estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, manifestó su rechazo total al paquete de iniciativas.
Morena advirtió que esta medida representaba una hipoteca para el futuro de San Luis Potosí.
Rodríguez Velázquez señaló que el paquete financiero, impulsado sin dictámenes técnicos ni proyectos definidos, ponía en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y comprometía los recursos que pertenecen al pueblo potosino.
“No hay justificación posible para endeudar al Estado durante los próximos 20 años. Cada peso comprometido en deuda es un peso menos para la salud, la educación, el campo y los programas sociales. San Luis Potosí no necesita créditos: necesita planeación, honestidad y resultados”, afirmó.
La dirigente de Morena destacó que el crédito propuesto para el Ejecutivo estatal —por 7 mil 140 millones de pesos con plazo a 20 años— afectaría directamente las participaciones federales hasta el año 2046, limitando el margen de acción de futuras administraciones.
Además, alertó que los municipios también podrían endeudarse de forma simultánea con cargo a fondos federales, sin evaluación individual ni garantía de transparencia.
“Es un paquete irresponsable, sin sustento técnico y sin claridad en su destino. Avalarlo sería traicionar el mandato de cuidar el dinero público y de actuar con responsabilidad frente al pueblo”, enfatizó.