NATALY CÁRDENAS
La ley Hope podría convertirse en precursora en materia penal a nivel nacional, al promover el reconocimiento de los animales como víctima y la imprescriptibilidad de los delitos en contra del bienestar animal. Con el respaldo formal de más de 23 mil firmas ciudadanas, el Congreso del Estado de San Luis Potosí realizó el parlamento abierto “Bienestar, justicia, protección y cuidado animal”, un espacio de discusión encaminado a reestructurar las sanciones locales contra el maltrato y la crueldad hacia los ejemplares sintientes.
La propuesta legislativa plantea el endurecimiento de las penas, con el establecimiento de un rango de cuatro a ocho años de prisión para los casos de crueldad animal. La reforma busca modificar los artículos 110 y 317 artículo del Código Penal del Estado, y diferencian esta conducta del maltrato mediante la acreditación de una predisposición orientada a causar la muerte del animal. Además, la reforma añade agravantes específicos que podrían extender la pena cuando los actos incluyan zoofilia, difusión en redes sociales, grabación del hecho, presencia de menores de edad o la participación de servidores públicos.
Durante el desarrollo del foro, activistas locales expusieron que las penas vigentes resultan obsoletas frente a las dinámicas de violencia actuales, las cuales recurren habitualmente a la exhibición digital de las agresiones. Como ejemplo de las sanciones vigentes, los ponentes citaron el caso de la perrita “Hope” (origen del nombre de la ley), cuyo acuerdo reparatorio final obligó a los agresores únicamente al pago de 2,500 pesos por concepto de cremación, la entrega de cuatro bultos de alimento a la asociación Huella Amiga A.C. y la asistencia a terapia psicológica.
En el ámbito penal, la jueza jurisdiccional María Fernanda Torres propuso que las reformas fijen penalidades mínimas superiores a los cinco años de prisión, medida legal que restringe la posibilidad de que los imputados soliciten la suspensión condicional de la pena o la libertad inmediata. La juzgadora señaló la necesidad de incluir la reparación integral del daño y la garantía de no repetición a través de tratamientos psicológicos obligatorios. Asimismo, planteó tipificar las conductas reiteradas como agravantes, bajo el argumento de que la reincidencia refleja una desensibilización social que funciona como detonante hacia otras formas de violencia.
El encuentro contó con la presencia del diputado Carlos Arreola Mallol. Por parte de la sociedad civil participaron Karla Alejandrina, de Huella Amiga A.C.; Ana María, miembro del grupo de Facebook “Perritos extraviados en situación crítica”; así como Franco Ortiz González y Carlos Maya, integrantes de la organización Abogados Animalistas de México, quienes coincidieron en la urgencia de elevar el bienestar animal a rango de interés público.
En el foro, se hizo el señalamiento respecto a la ausencia de los representantes de la Fiscalía General del Estado a pesar de ser invitados. Los especialistas reiteraron que un esquema de procuración de justicia eficiente requiere la coordinación activa de todas las dependencias involucradas.