NATALY CÁRDENAS
San Luis Potosí tuvo una fuerte presencia en cuanto a justicia agraria a nivel nacional, con uno de sus distritos dentro de los de mayor carga en el país, según revelaron los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2026 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El estudio, enfocado en evaluar la gestión y desempeño de los órganos jurisdiccionales del sector, detalla la distribución de los recursos humanos y el flujo de los asuntos legales presentados en la entidad. Con dos sedes del Tribunal Unitario Agrario (TUA) activas en el estado (el 25 en la capital y el 43 en Ciudad Valles), el estado acumula una de las actividades jurisdiccionales más dinámicas registradas en la República Mexicana.
El Distrito 43, con sede en Ciudad Valles, se posicionó como el segundo tribunal con mayor volumen de demandas recibidas en todo el país, al registrar 1,924 asuntos ingresados y 1,882 admitidos. Durante el periodo, la oficina resolvió 1,671 casos, dejando 737 expedientes en trámite, una cifra que equivale al 3.7% de la carga de trabajo a nivel nacional. Por su parte, el Distrito 25 en San Luis Potosí capital reportó 1,155 asuntos ingresados, la misma cantidad de admitidos, 1,156 concluidos y 573 en trámite.
Esta estructura operó bajo un presupuesto de mil 014 millones 922 mil 844 pesos a nivel nacional y mientras los Tribunales Superiores Agrarios (TSA) tuvieron un incremento presupuestal del 29.3%, el presupuesto total ejercido directamente por los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) a nivel nacional sufrió un recorte del 9.8%.
A pesar de los ajustes financieros, los órganos de justicia agraria coordinaron la actividad de un personal adscrito compuesto en un 64 % por mujeres y 36 % por hombres. La representación local del Tribunal Unitario Agrario cuenta con dos magistraturas divididas con paridad de género (una mujer y un hombre).
A nivel nacional, la atención se concentró principalmente en trámites como el préstamo y consulta de expedientes, las sucesiones de derechos agrarios y la resolución de juicios de nulidad. El reporte del también reveló las tendencias en la resolución de conflictos de tierras. El 44.2% de los casos se resolvieron mediante sentencias definitivas, mientras que el 28.8% correspondió a asuntos de jurisdicción voluntaria. La alta litigiosidad del sector quedó en evidencia al registrarse que el 60.5% de estas sentencias definitivas fueron impugnadas por los afectados a través de juicios de amparo en espera de una resolución.