La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) pidió investigar 25 contratos de subarrendamiento presentados por Distribuidora VEM S.A. de C.V. dentro del juicio mercantil que ambas partes mantienen por un terreno ubicado en Lomas Cuarta Sección.
De acuerdo con un comunicado difundido por la Oficina de la Abogacía General, los documentos fueron presentados por Fabián Espinosa Díaz de León, representante legal de VEM y actual presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, para acreditar una supuesta afectación económica derivada del conflicto contractual.
La Universidad señaló que esos contratos nunca le fueron notificados y que algunos fueron celebrados por familiares del propio representante de la empresa, por lo que desde diciembre de 2025 solicitó al juzgado dar vista al Ministerio Público Federal para investigar una posible simulación.
La Abogacía rechazó que el Juzgado Mercantil Federal del Noveno Circuito haya denunciado penalmente a Navarro Sánchez por una supuesta alteración de pruebas. Explicó que el juzgado únicamente dio vista al Ministerio Público sobre los señalamientos hechos durante el juicio, sin determinar que hubiera existido una irregularidad.
La Universidad informó además que en agosto de 2026 un agente del Ministerio Público Federal solicitó una copia digital del expediente para dar seguimiento a la investigación iniciada a petición de la propia UASLP. “Fue a raíz de esa intervención e impulso ministerial que los demandados, a través de su abogado, promovieron sendos escritos manifestando una supuesta alteración de documentos. Dicha promoción de denuncia de hechos y los supuestos señalamientos sobre las documentales constituyen una reacción evidente ante las actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), máxime cuando se trata de documentación e información que la parte demandada conoce plenamente desde hace más de un año”, reviró la Abogacía.
El litigio se originó por el arrendamiento de aproximadamente 46 mil metros cuadrados de terreno universitario a VEM en 2024. En abril de 2025, la UASLP solicitó la rescisión del contrato al señalar incumplimientos en el proyecto que debía desarrollarse en el predio, originalmente planteado como un centro deportivo.
En el comunicado, la UASLP reiteró su confianza en la imparcialidad, objetividad y labor de la Fiscalía General de la República en el esclarecimiento de estos hechos. “Todos los contratos, anexos, especificaciones técnicas y calendarios de trabajo aportados por la Oficina de la Abogacía General son legítimos y constan en los antecedentes institucionales”, añadió.
Asimismo, resaltó que esa institución no litiga mediante filtraciones ni desinformación mediática, “y continuará defendiendo con rigor probatorio los intereses y el patrimonio que pertenecen a la comunidad universitaria y a la sociedad de San Luis Potosí”.