RUTH SALAZAR
La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una nueva Acción de Inconstitucionalidad en contra del Congreso del Estado, esta vez contra la reforma constitucional que modifica los requisitos legales para elegir a la persona que ocupe la titularidad de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. El expediente fue turnado a la ministra María Estela Ríos González.
La acción 130/2026 se promovió en contra del Decreto 0589, que reformó y realizó una adición al artículo constitucional 122 Bis, con lo cual se realizaron cambios a los requisitos para la o el titular de la FGE, mismo que se aprobó con mayoría de 17 votos, pero seis en contra: cinco de la bancada de Morena y uno de Nueva Alianza.
Entre los principales cambios consiste en eliminar el requisito de ser originario de San Luis Potosí; acreditar dos años de residencia en el estado, cuando anteriormente se exigían cinco. También se redujo a cinco años la experiencia profesional mínima y se amplió el tipo de trayectoria que podrá acreditarse.
Previo a la votación en el Pleno, el diputado de Morena, Luis Emilio Rosas Montiel, manifestó su voto en contra, aunque dijo que su bancada no estaba en contra de que la FGE contara con requisitos propios; no coincidían en cómo se procesó el dictamen:
“El grupo parlamentario de Morena votará en contra del presente dictamen, lo hacemos con responsabilidad y con la convicción de que una reforma constitucional de esta importancia no debe aprobarse con apresuramientos, deficiencias técnicas, ni dudas sobre sus consecuencias jurídicas”, afirmó.
La votación del dictamen estuvo sometida a una controversia, pues diputadas de Morena, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, declararon ante medios de comunicación que el documento que recibieron, analizaron y votaron en comisiones el 10 de agosto de 2026 no fue el mismo que se votó en el Pleno.
Y es que el documento que circuló entre los legisladores integrantes de la Comisión referida, además de las modificaciones al artículo 122 Bis, incluía un artículo transitorio relacionado con la continuidad del nombramiento y el periodo de la actual titular de la Fiscalía, María Manuela García Cázares.
Posteriormente, en la Gaceta Oficial del Congreso, se presentó una nueva versión del dictamen, ya sin el transitorio y con fecha de una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales que supuestamente ocurrió el 6 de agosto de 2026, a la cual la entonces presidenta de la Comisión, la diputada Ana María de la Cruz Olvera, desconoció.
Lo anterior provocó una reacción airada del presidente de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, quien incluso anunció investigaciones y sanciones en contra de asesores del Poder Legislativo, por supuestamente filtrar información a integrantes de medios de comunicación.
Hasta el momento se desconocen los argumentos con los cuales la CNDH presentó la impugnación.