NATALY CÁRDENAS
Aunque el gobernador Ricardo Gallardo Cardona justificó la calificación reprobatoria de los centros penitenciarios del Estado en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, con una presunta sobrepoblación dentro de los mismos, los datos lo contradicen.
“Ya no tienen capacidad de albergar más personas, todo mundo lo sabe, estamos en sobrepoblación en todos los penales… no se cumple con la capacidad adecuada porque estamos saturados, estamos al 120 %”, declaró el mandatario estatal.
El reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demuestra que la saturación se concentra en un solo penal, mientras que los cuatro restantes registran cupo disponible y aun así reprobaron en sus evaluaciones.
Únicamente el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí presenta hacinamiento al mantener a 2,942 personas (2,796 hombres y 146 mujeres) en un espacio diseñado para 1,751.
En sentido opuesto, el resto de penales operan con holgura respecto a sus capacidades: Tamazunchale aloja a 120 personas en 150 lugares; Rioverde a 324 en 360; Ciudad Valles a 538 en 615; y Tancanhuitz a 75 mujeres en un espacio para 149.
A pesar de contar con capacidad sobrante para recibir internos, tres de estos cuatro penales no sobrepasan la escala mínima de evaluación: Tancanhuitz obtuvo la calificación más baja del estado con 5.04, Tamazunchale registró 5.05 y Rioverde alcanzó 5.41, todos dentro del rango reprobatorio de la CNDH. El penal de la capital, aquejado por la sobrepoblación mencionada por el Ejecutivo, sumó 5.29, mientras que Ciudad Valles se posicionó como la única sede con dictamen favorable al registrar 6.20.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la CNDH ubicó la calificación estatal de San Luis Potosí en 5.40 puntos de 10 posibles.
A las fallas de espacio en los reclusorios de la capital se suman deficiencias generalizadas en los servicios de salud, la prevención de violencia y los mecanismos de queja por violaciones a derechos humanos. Asimismo, la supervisión detectó problemas de gobernabilidad e higiene en comedores, cocina y áreas médicas, aunados a la falta de personal de seguridad, capacitaciones, normatividad actualizada e insuficiencia en actividades de reinserción social y programas de atención a adicciones para grupos vulnerables.