Los tramos carreteros que cruzan por San Luis Potosí han dejado de ser un espacio de tránsito para convertirse en una cartografía del miedo. Los asaltos a autobuses en los últimos días en la Huasteca Potosina no son solo una estadística; son el síntoma de una claudicación estatal que se disfraza de padrinazgo generoso mientras la realidad, cruda y sanguinaria, desmiente los boletines oficiales. El ataque a balazos contra un autobús turístico en la ruta Valles-Tamazunchale y el asalto de un comando armado a pasajeros en El Pujal —donde la violencia se ensañó particularmente con las mujeres— son episodios que describen una intemperie absoluta.
Hace algunas semanas, un accidente en la 57 a la altura de Núñez, municipio de Guadalcázar, generó un kilométrico atorón de vehículos. Una banda que entraba y salía de entre las terracerías se dedicaba a asaltar automovilistas al azar, atrapados en el tráfico. Entraban y salían de la carpeta asfáltica, armados e impunes.
Hay una distancia obscena entre la propaganda y el asfalto. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, presentó con estruendo mediático una flota de patrullas Camaro y Charger, vehículos de alta gama destinados, supuestamente, a blindar las rutas del estado. Aquella puesta en escena, más cercana al espectáculo que a la estrategia de seguridad, prometía una vigilancia infalible. Hoy, esos potentes motores son un eco vacío. En el momento en que las ráfagas de plomo quebraban los cristales de un autobús lleno de familias, ni los Camaros de la Guardia Civil del Estado ni los efectivos de la Guardia Nacional estaban allí. La pregunta es tan vieja como dolorosa: ¿dónde está el Estado cuando se le necesita?
La ausencia de las fuerzas del orden en puntos neurálgicos de la Huasteca no es un descuido fortuito, sino una omisión estructural. La Guardia Nacional, esa entelequia que navega entre lo civil y lo militar, parece haberse convertido en un espectador de paso, mientras que la policía estatal parece más ocupada en el brillo de su equipo que en la efectividad de sus despliegues. Mientras la política se pierde en el marketing de la seguridad, los ciudadanos quedan confinados a la voluntad de comandos armados que operan con la tranquilidad de quien se sabe dueño del territorio.
El asalto en El Pujal, con reportes de agresiones de género, añade una capa de ignominia al cuadro. No es solo el robo; es la vulneración total del cuerpo y la dignidad en un país que se desangra por sus rutas. La seguridad no se garantiza con caballos de fuerza ni con desplantes de autoridad en redes sociales. Se garantiza con presencia, inteligencia y la voluntad política de no ceder el paso al crimen. Lo que hoy vive San Luis Potosí es el recordatorio de que, cuando el gobierno prefiere el espejismo de la imagen sobre la realidad de la vigilancia, lo que queda es una tierra de nadie donde el único orden es el de la bala.