La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso como medida de seguridad clausuras temporales totales a dos predios del estado de San Luis Potosí, luego de detectar la remoción de vegetación forestal sin contar con la autorización federal correspondiente, lo que representa una afectación directa a los ecosistemas.
El primer caso se registró el 11 de marzo de 2026, durante una visita de inspección en el predio Covadonga, ubicado en el municipio de Ciudad Valles. En el sitio se identificaron trabajos de desmonte en una superficie de 45,508 m², realizados con apoyo de maquinaria pesada.
Al solicitar la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el inspeccionado señaló no contar con dicho permiso. Asimismo, indicó que las actividades eran realizadas por la empresa Grupo Desarrollador Covadonga 370, y que el proyecto contaba con autorizaciones municipales.
No obstante, la legislación ambiental establece que la remoción de vegetación forestal requiere autorización federal previa, independientemente de permisos locales. Por ello, la Profepa impuso la clausura temporal total de las actividades, colocando los sellos correspondientes e iniciando el procedimiento administrativo para determinar responsabilidades y ordenar, en su caso, la restauración del área afectada.
El segundo caso ocurrió el 12 de marzo de 2026, derivado de una denuncia ciudadana, en un sitio ubicado en la localidad de Estación Catorce, municipio de Catorce. Durante la inspección se detectó la remoción parcial de vegetación forestal en una superficie de 34,429 m², sin contar con la autorización correspondiente.
El inspeccionado manifestó no disponer del permiso federal y señaló como responsable de las actividades a un servidor público municipal. Ante estos hechos, la Profepa aplicó también la clausura temporal total de las actividades y colocó los sellos de seguridad para evitar la continuación de los trabajos.
La eliminación de cobertura vegetal puede generar pérdida de biodiversidad, alteración del suelo y afectaciones al equilibrio ecológico de la zona.
Las inspecciones dieron lugar a la integración de los expedientes administrativos correspondientes, a través de los cuales se dará seguimiento legal a cada caso. La Procuraduría continuará con los procedimientos para determinar las sanciones aplicables y las medidas de restauración que correspondan conforme a la ley.
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la remoción de vegetación forestal sin autorización constituye una infracción que puede ser sancionada con multas que van de 150 a 30,000 veces la Unidad de Medida y Actualización.
La Profepa reiteró que mantendrá las acciones de vigilancia para prevenir y sancionar actividades que afecten los recursos forestales y el equilibrio ambiental.