Nataly Cárdenas
El Juzgado Tercero de Distrito otorgó una suspensión provisional a una profesora investigadora de la Facultad de Derecho, luego de que el Consejo Técnico Consultivo la separó de sus labores por denuncias estudiantiles sobre presuntas irregularidades en su labor docente.
La persona juzgadora determinó que la separación impuesta por el Consejo Técnico Consultivo (CTC) no es proporcional, pues viola la presunción de inocencia y perjudica la honra de la profesora al no haber sido encontrada responsable de las conductas denunciadas.
Esta resolución obliga a la UASLP a reinstalarla en un plazo de 24 horas y emitir un nuevo acuerdo donde solo se le suspendan las actividades que tengan contacto con los alumnos demandantes, permitiéndole retomar el resto de sus labores académicas.
A diferencia de lo resuelto por el Juzgado Tercero, el Juez Cuarto de Distrito, quien revisó un caso similar, negó la suspensión provisional a otra profesora, también de la Licenciatura en Criminología, para volver a las aulas con el argumento de que el derecho de los alumnos a un entorno seguro prevalece sobre el interés particular de la docente.
Sin embargo, sí determinó que el Consejo Técnico Consultivo carece de atribuciones para suspender la totalidad de los ingresos de un trabajador antes de un juicio formal, por tanto, estableció que se le pague el 30 % de su salario y prestaciones, bajo el concepto constitucional de mínimo vital para su subsistencia.
El conflicto comenzó a principios de mayo, cuando estudiantes de Criminología denunciaron presuntas conductas de hostilidad, anomalías en clases y retrasos en la titulación por parte de tres docentes. Ante las protestas en el Edificio Central, el Consejo Técnico decretó sesión permanente el pasado 20 de mayo y ordenó el retiro preventivo de las tres profesoras.