Nataly Cárdenas
Un proyecto de resolución que será discutido el próximo miércoles 18 de noviembre de 2026 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone invalidar diversas disposiciones de la reforma estatal con la que el Congreso de San Luis Potosí pretendía imponer usos de suelo exclusivos en la Zona Industrial y obligar a las empresas y comercios a obtener autorización previa de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para instalarse y operar.
De aprobarse la propuesta elaborada por la ministra ponente Sara Irene Herrerías Guerra dentro de la Controversia Constitucional 9/2025, promovida por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el máximo tribunal declararía que el Poder Legislativo local invadió las atribuciones constitucionales del municipio en materia de desarrollo urbano y zonificación secundaria, previstas en el artículo 115 de la Constitución federal.
El litigio se originó tras la publicación del Decreto Legislativo 0018, el 4 de diciembre de 2024, mediante el cual el Congreso reformó los decretos históricos 3 (de 1963), 460 (de 1981) y 695 (de 2009) que dieron origen y ampliaron los polígonos industriales de la capital. Aunque los diputados argumentaron que buscaban modernizar la zona para permitir servicios complementarios como clínicas, bancos y comedores, la reforma ordenó que todos los terrenos se destinaran exclusivamente a actividades industriales, comerciales y de servicios afines, sujetando su operación al visto bueno del Ejecutivo estatal.
Tanto el Congreso como el Gobierno del Estado defendieron la medida bajo el argumento de que los predios tuvieron un origen patrimonial estatal y que la autorización de la Sedeco funcionaba únicamente como un requisito previo antes de tramitar las licencias municipales. Además, en la exposición de motivos del decreto, los legisladores señalaron que los polígonos se ubicaban en el municipio de Villa de Pozos; sin embargo, estudios técnicos de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial y del Instituto Municipal de Planeación (Implan) acreditaron dentro del expediente que el territorio continúa bajo jurisdicción de la capital potosina.
El proyecto de sentencia desecha los argumentos estatales al plantear que las facultades patrimoniales del Ejecutivo para vender terrenos no lo convierten en autoridad urbana, y que la legislación de los años sesenta no justifica vulnerar el marco constitucional vigente. El documento recalca que definir los usos de suelo específicos en un territorio corresponde exclusivamente a los ayuntamientos mediante sus programas de desarrollo urbano, los cuales exigen consultas públicas, y advierte que exigir un permiso de la Sedeco subordinaría la autoridad municipal.
La propuesta plantea declarar la invalidez parcial de los artículos segundo, cuarto y octavo, así como la invalidez total de los artículos quinto y sexto de los decretos reformados. De ser avalado por el Pleno, quedaría sin efecto la obligación de tramitar permisos de operación ante la Sedeco, la prohibición para desarrollar parques o zonas habitacionales contempladas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y la facultad del Ejecutivo para revertir terrenos a particulares por darles un uso distinto al fijado por el Congreso.
El proyecto mantiene vigente únicamente la facultad del Ejecutivo para autorizar la compraventa de predios originalmente estatales y revertirlos si se incumplen las condiciones pactadas en el contrato de enajenación.