El exdiputado local Juan Francisco Aguilar Hernández y el abogado Jorge Eduardo Cortés Mendoza entregaron al Congreso del Estado una iniciativa para establecer estándares mínimos y obligatorios para la operación de centros de atención residencial para personas adultas, así como crear un registro estatal de estos establecimientos e implementar un sistema de inspecciones periódicas por parte de las autoridades competentes.
La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria, plantea reformas y adiciones a la Ley de Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, para fomentar una cultura de cuidado digno, ético y profesional hacia este sector, así como establecer un proceso de certificación oficial, estándares mínimos de operación y definir con claridad las responsabilidades legales en casos de negligencia, maltrato, abandono o cualquier otra forma de abuso.
En la exposición de motivos, los abogados detallan que los asilos, casas de día y casas de descanso, tanto públicos como privados deben fungir como entornos seguros, dignos y especializados, donde las personas adultas mayores reciban los cuidados necesarios para la adecuada procuración de su bienestar físico, mental y emocional. “No obstante, en la realidad fáctica muchos de estos centros presentan condiciones inadecuadas como lo son: instalaciones deterioradas, personal sin capacitación especializada, carencia de supervisión profesional y, en los casos más graves, situaciones de maltrato, abandono, negligencia, e incluso violencia física o psicológica en perjuicio de este grupo”.
Añaden que la legislación actual presenta omisiones significativas al no contemplar mecanismos específicos para la regulación efectiva de los centros de atención y alojamiento para adultos mayores. “Esta deficiencia, se traduce en una ausencia de controles normativos claros sobre la operación de estos espacios, lo cual deja a miles de adultos mayores en una situación de vulnerabilidad institucional, sin garantías de que su integridad y derechos se encuentran debidamente tutelados por el Estado”.
Las reformas propuestas implican tareas para el DIF Estatal, Protección Civil y Coepris. Entre las actividades sugeridas por los abogados se la creación del Registro Estatal de Instituciones de Atención a Personas Adultas Mayores, en el cual deberán inscribirse obligatoriamente todos los centros públicos, privados o mixtos que ofrezcan servicios de alojamiento, cuidado o atención integral a personas adultas mayores en el Estado.
Asimismo, sugiere sanciones como:
- Amonestación con apercibimiento.
- Multa de hasta tres mil UMAS.
- Clausura temporal o definitiva.
- Denuncia penal ante el Ministerio Público, en caso de violencia, negligencia grave o maltrato comprobado.