Nataly Cárdenas
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí fue la única en el país que omitió proporcionar información sobre su personal de servicios periciales y médico forense dentro del Censo Nacional de Procuración de Justicia (CNPJF) divulgado este jueves por el INEGI, dejando en ceros los apartados de directivos, auxiliares, peritos y personal administrativo.
El informe detalla los resultados sobre la estructura organizacional, infraestructura y recursos de las instituciones estatales encargadas de la función de servicios periciales y de servicio médico forense al cierre de 2025. En el caso de San Luis Potosí, la dependencia opera a través de la Vicefiscalía Científica adscrita a la Fiscalía General del Estado, así como del Servicio Médico Legal dependiente del Poder Judicial.
Pese a la omisión de datos sobre su plantilla laboral, la institución estatal informó que cuenta con un total de siete unidades de servicios periciales y médico forense (seis que combinan ambas funciones y una de servicios periciales), las cuales están a cargo de dos titulares hombres. Para el funcionamiento de estas áreas, las unidades ejercieron un presupuesto de 86 millones de pesos durante el año pasado.
En materia de infraestructura forense, la entidad reportó la operación de cinco anfiteatros, cinco salas necroquirúrgicas, 12 mesas anatómicas, seis cámaras de frío y una osteoteca. Estas instalaciones disponen de una capacidad máxima de almacenamiento de 86 cadáveres con tejidos blandos en cámaras de frío y 50 espacios para cuerpos sin tejidos blandos en osteotecas. Asimismo, el estado cuenta con cinco laboratorios de servicios periciales y médico forense, de los cuales cuatro carecen de certificación.
Durante el ejercicio de 2025, la Fiscalía estatal admitió 63 mil 602 solicitudes de intervención pericial, concluyó 54 mil 057 y dejó 9 mil 032 pendientes por concluir. En el mismo periodo, la Unidad de Servicios Forenses recibió un total de mil 885 cadáveres, de los cuales 306 correspondieron a mujeres, mil 560 a hombres y 19 fueron clasificados como indeterminados. Además, registró un inventario de 27 cadáveres almacenados, cinco segmentos, cinco fragmentos y 13 restos humanos no identificados.
A nivel nacional, el censo registró 32 coordinaciones del Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República y 354 unidades estatales, con Michoacán como la entidad con mayor número de unidades al concentrar 34. En todo el país se admitieron 5 millones 121 mil 796 solicitudes de intervención pericial, de las cuales se concluyeron 5 millones 056 mil 020 y 289 mil 958 quedaron pendientes. En cuanto a la recepción de cuerpos a nivel nacional, el Estado de México, Guanajuato, Baja California y la Ciudad de México concentraron las cifras más altas con 11 mil 047, 7 mil 245, 6 mil 914 y 6 mil 815 cadáveres recibidos, respectivamente, representando los hombres el 82.1 %, las mujeres el 17.0 % y los casos no determinados el 0.9 %.