IRAÍS VALENCIANO
A dos años del inicio de la LXIV Legislatura y un año de su conclusión, las y los diputados locales enfrentan cerca de una decena de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, cuya resolución aún está pendiente.
De acuerdo con los listados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las reformas a la Ley Electoral aprobadas por el Congreso local enfrentan seis acciones de inconstitucionalidad, presentadas por Morena, el Poder Ejecutivo Federal y Somos México.
Las inconformidades contra esas reformas, plasmadas en los decretos 0586 y 0571, se deben a la reducción de periodos de precampaña y obtención de respaldo ciudadano para candidaturas independientes, así como a la falta de consultas previas, libres e informadas a pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas y personas con discapacidad; la reducción de sindicaturas en los ayuntamientos y la incorporación de evaluaciones voluntarias de control de confianza.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió un juicio ante la SCJN para impugnar la reforma al Código Penal de San Luis Potosí referente a los mensajes intimidatorios, por considerar que la inclusión de ese delito quedó demasiado amplia e imprecisa.
Algo similar ocurrió con la penalización del uso indebido de la inteligencia artificial, reforma bautizada como “Ley Serrano”, y por la cual, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad 132/2025. Aunque ese asunto permanece pendiente de resolución en la Suprema Corte, esa reforma ya se derogó, por lo que el juicio quedaría sin efecto.
Otra reforma de la actual Legislatura que resultó cuestionada, fue la aprobada en noviembre de 2024, mediante la cual se derogó la fracción III del artículo 150 del Código Penal, que establecía como excluyente de responsabilidad penal el supuesto en que, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corriera peligro de muerte a juicio del médico que la asistiera y, cuando fuera posible y no implicara una demora peligrosa, con el dictamen de un segundo médico.
Esa modificación derivó en la acción de inconstitucionalidad 185/2024 y sus acumuladas 187/2024 y 192/2024, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En diciembre de 2025, el Congreso local buscó enmendar aquella situación y aprobó la reincorporación del artículo derogado respecto al aborto terapéutico, sin embargo, las acciones de inconstitucionalidad permanecen en estudio en la SCJN.
Respecto a las controversias constitucionales, el Poder Ejecutivo Federal promovió dos juicios, con números de expediente 176/2026 y 179/2026, contra las Leyes de Ingresos de Villa de Reyes y Villa de Arriaga aprobadas por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2026.
Aparte, está pendiente la resolución de la controversia constitucional 9/2025, promovida por el Ayuntamiento capitalino a principios del 2025 contra la resolución del Congreso del Estado sobre el cambio de uso de suelo en la Zona Industrial, por considerarla violatoria de la autonomía municipal y de la Constitución Federal.