RUTH SALAZAR
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí utilizó datos poblacionales al margen de la Ley de Coordinación Fiscal para modificar la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) durante el ejercicio 2025, restándole en el papel más de 45 mil habitantes a la capital potosina para sumárselos al recién creado municipio de Villa de Pozos.
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro de una bolsa estatal de 2 mil 738.2 millones de pesos destinada a los 59 municipios potosinos, la administración estatal cambió de un mes a otro el criterio estadístico para dividir los recursos que originalmente correspondían al municipio de San Luis Potosí.
Tras la creación del municipio de Villa de Pozos en 2024, el Ejecutivo estatal solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el conteo oficial de habitantes de ambas demarcaciones. Con base en esa información, en enero de 2025 el cálculo del Fortamun se determinó asignando 148 mil 242 habitantes para Villa de Pozos y 763 mil 666 para San Luis Potosí (integrados por una base de 763 mil 529 personas más una diferencia de 137 habitantes identificada respecto a los 911 mil 908 registrados en el Censo de Población y Vivienda 2020).
Sin embargo, en febrero de 2025, la administración estatal modificó y actualizó los importes distribuidos utilizando cifras del Consejo Estatal de Población (Coespo). Con este ajuste, el padrón reconocido para Villa de Pozos aumentó en un solo mes un 30.4 por ciento, al pasar a 193 mil 415 habitantes (45 mil 173 personas más), mientras que la población de la capital se redujo en esa misma proporción, quedando en 718 mil 493 habitantes.
En su dictamen, la ASF advirtió que los datos del Coespo no constituyen la fuente de información autorizada por la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo artículo 38 establece que estos fondos federales deben distribuirse estrictamente con base en la información estadística oficial más reciente emitida por el INEGI. En términos proporcionales al monto global del fondo en el estado, la reasignación de esos 45 mil 173 habitantes representó el traslado de un estimado de entre 43 y 44 millones de pesos anuales de la capital hacia el nuevo municipio.
Ante la irregularidad detectada por los auditores federales, la Contraloría General del Estado (CGE) inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados e integró el expediente número CGE/DIAEP/EIA-196/2026, con lo cual la ASF dio por promovida la acción fiscalizadora sin que ello implicara la restitución de los recursos al Ayuntamiento capitalino.