RUTH SALAZAR
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de diversas disposiciones del Decreto 0586, mediante el cual se reformó la Ley Electoral para homologar a 20 días las precampañas locales de diputaciones, ayuntamientos y la gubernatura, así como establecer el mismo plazo para la recolección de firmas de aspirantes a candidaturas independientes.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 113/2026, promovida por el partido político Morena, tras haberse desechado la acumulada 114/2026 del partido Somos por falta de legitimación activa, el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, proponía al Pleno invalidar las modificaciones legislativas porque vulneraban el principio de razonabilidad y el derecho constitucional a ser votado.
Por mayoría de seis votos a favor contra dos en contra, el Pleno invalidó las fracciones I y II del artículo 319 de la legislación electoral estatal, así como el artículo Segundo Transitorio del decreto impugnado. La reforma había reducido de 40 a 20 días la precampaña para la gubernatura, y de 25 a 20 días las precampañas para diputaciones locales y ayuntamientos.
La ministra ponente María Estela Ríos González sostuvo que, aunque el plazo de 20 días se encontraba dentro del límite formal del artículo 116 de la Constitución Federal, equiparar la duración de los tres procesos desconocía las diferencias territoriales, organizativas y representativas entre los cargos. “Ciertamente formalmente hay una libertad configurativa, pero esta libertad configurativa debe tomar en cuenta la razonabilidad para que en su momento los ciudadanos puedan elegir libremente a sus candidatos”, puntualizó.
Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz respaldó el sentido del proyecto al señalar la asimetría geográfica entre las contiendas locales. “No es lo mismo hacer precampaña en toda una entidad federativa que hacerla en un municipio o en un distrito electoral”, afirmó en su intervención.
En contraste, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa votaron por la validez del precepto. Ortiz Ahlf argumentó que la reforma buscaba racionalizar el uso de recursos y que, al tratarse de procesos internos partidistas, “su duración no necesariamente debe corresponder a la extensión territorial, la organización o representatividad del cargo”.
Por su parte, Esquivel Mossa consideró que “esta Suprema Corte no puede ni debe agregar un requisito de naturaleza temporal que no se exige a nivel constitucional, precisamente porque los estados conservan libertad de configuración legislativa”.
Restricción a las candidaturas independientes
En un segundo apartado, la Corte aprobó por siete votos a favor contra uno en contra (Esquivel Mossa), la invalidez del párrafo primero del artículo 209 de la Ley Electoral local, el cual reducía también a un máximo de 20 días el periodo para que las personas aspirantes a una candidatura independiente recabaran el apoyo ciudadano exigido por la ley.
Durante el debate, la mayoría coincidió en que el Congreso local disminuyó el tiempo disponible sin reducir el requisito de reunir firmas equivalentes al 2 por ciento del listado nominal correspondiente.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García expuso el impacto práctico de la medida en una entidad con un padrón aproximado de 2 millones 300 mil electores, donde un aspirante a la gubernatura requiere cerca de 46 mil respaldos. “Si se considera que se reduce de 40 a 20 días, ello significaría que se tendrían que conseguir alrededor de 2 mil 300 firmas diariamente, cuando previo a la reforma que se generó se requerían alrededor de mil 150 firmas”, detalló.
A su vez, el ministro Irving Espinosa Betanzo anunció un voto concurrente al estimar que la norma requería un examen de escrutinio estricto. “Reducir el tiempo sin reducir el número de firmas, desde mi punto de vista, restringe de forma desproporcionada el derecho a ser votado, porque sin esas firmas no se puede aparecer en la boleta… quienes establecieron esta norma son los legisladores que llegaron a través de una elección directa propuesta por los partidos políticos y establecen e imponen esta obligación a candidatos independientes”.
A partir de la notificación al Congreso del Estado, volverán a regir los plazos de 40 días para la elección de gubernatura y de 25 días para diputaciones locales y ayuntamientos, aplicables tanto a las precampañas de los partidos políticos como a la obtención de apoyo ciudadano para candidaturas independientes.

